Google (NASDAQ:GOOG) recibió una multa de más de 400 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 345 millones de libras esterlinas, impuesta por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) tras una investigación sobre el manejo de los datos de ubicación de sus usuarios.
El organismo regulador determinó que el tratamiento de la información de ubicación por parte de Google incumplió los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.
La investigación comenzó hace seis años, después de que varias organizaciones europeas de defensa de los consumidores presentaran quejas sobre las prácticas de la compañía relacionadas con estos datos.
La investigación examina el seguimiento de ubicación y la publicidad
La DPC analizó si Google Ireland trató los datos de ubicación de manera lícita y justa, y si cumplió con sus obligaciones de responsabilidad conforme al RGPD.
La investigación abarcó el periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2018 y el 4 de febrero de 2020, y se centró en tres funciones de Google: «Actividad web y de aplicaciones», «Historial de ubicaciones» y «Precisión de la ubicación».
El regulador concluyó que los usuarios podrían no haber comprendido que su información de ubicación se procesaba para mostrarles publicidad dirigida o determinar sus intereses.
Los hallazgos plantean interrogantes sobre la transparencia de la información proporcionada por Google y sobre si los usuarios recibieron explicaciones suficientes acerca del uso de sus datos personales.
Google dispone de seis meses para corregir los incumplimientos
Además de imponer la sanción económica, la DPC ordenó a Google adaptar sus prácticas de tratamiento de datos de ubicación a los requisitos del RGPD en un plazo de seis meses.
Por lo tanto, la empresa deberá atender las conclusiones del regulador dentro del periodo establecido.
La sanción representa la cuarta multa más elevada impuesta por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda desde que el RGPD entró en vigor en mayo de 2018.
La decisión se suma al escrutinio regulatorio sobre la manera en que las empresas tecnológicas recopilan y utilizan información personal, especialmente los datos de ubicación empleados para publicidad y elaboración de perfiles de usuarios.